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La Ley de la Calidad de la Enseñanza

Ni los sindicatos de profesores, ni las patronales, ni las asociaciones de
padres y alumnos han quedado convencidos con las intenciones del
gobierno en cuestión de reforma educativa

Pilar del Castillo, ministra de Educación tiene la intención de reformar las
leyes de educación no universitaria actuales, LOGSE, LODE y LOPEG.

Las medidas que parece que se van a tomar no han convencido ni a los
sindicatos de profesores, ni a los de alumnos, ni a las asociaciones de
padres, bien laicas, bien religiosas.








Entre los puntos más importantes de esta reforma cabe destacar:

Separación del alumnado por calificaciones
La Repetición de Curso
Recuperar el examen de Reválida
Selectividad
Elección de directores en Enseñanza Pública
Reforzar las Inspecciones
Buscar el Consenso


Separación del alumnado por calificaciones








La principal medida que ha levantado las protestas, es la división del
alumnado a partir de los 14 años en tres direcciones diferentes de acuerdo
con las calificaciones escolares obtenidas. Estos tres destinos serían: el
Bachillerato, la Formación Profesional y el abandono del Sistema Educativo.

Prácticamente todos alegan que la separación basada en estos criterios no
serviría como solución ante el actual fracaso escolar, y que tan solo sería
una causa más para discriminar a unos alumnos de otros.

De hacerse una separación en estos aspectos debería estar bajo la elección
voluntaria de cada alumno.

Tan solo la patronal CECE y el sindicato de estudiantes CES apoyan esta
división. La patronal sostiene que en el segundo ciclo de la ESO el 30% de
los alumnos no quieren estar, y hay que darles otras opciones. El CES está a
favor de la diversificación, ya que considera innecesario que la educación
sea la misma para todos, la igualdad de oportunidades no implica igualdad
de objetivos.


La Repetición de Curso








El fracaso escolar no se soluciona con la repetición del alumno. El problema
de los malos estudiantes ya está presente antes de que estos lleguen a la
situación de repetir, y es ahí donde hay que tomar medidas. Aun así, también
se está en contra de la promoción automática. Se propone como solución dar
una atención especializada a los alumnos con problemas.


Recuperar el examen de Reválida

La gran mayoría de las partes implicadas está en contra de esta medida
aunque por diferentes razones.

Unos sostienen que es dar un paso hacia atrás, regresar a sistemas
educativos arcaicos. Otros lo consideran innecesario ya que se convierte en
una redundancia al haberse evaluado ya al alumno por su trabajo
continuado.

Si la hubiera no debería tener carácter repetitivo, sólo comprobatorio afirma
CECE.

Selectividad

Todos los grupos coinciden en el fracaso del actual sistema de acceso a la
universidad, pero además consideran que no es fácil encontrar otro sistema
que sustituya a la selectividad vigente.

Del mismo modo, la gran mayoría está en contra de que cada universidad
realice sus propias pruebas de ingreso, ya que esencialmente se perdería la
igualdad de oportunidades, ante la dificultad de mantener la igualdad de
criterios en cada centro.


Elección de directores en Enseñanza pública








Hay que reforzar la competencia de los equipos directivos de los centros y
dignificar la figura del director.

Para UGT, la importancia del claustro de profesores debería ser mayor,
aunque la elección siempre debería ser democrática.

Hay que evitar que sea elegido a dedo por la administración.


Reforzar las Inspecciones




Se considera muy importante realizar inspecciones para que todos los
centros cumplan con el sistema educativo vigente.

Hay que evitar a toda costa que cualquier centro infle las notas de sus
estudiantes, y además se debe equilibrar las diferencias existentes en la
enseñanza entre las diversas Comunidades Autónomas.


Buscar el Consenso

La conclusión final es que se debería alcanzar el consenso en materia
educativa entre gobierno y oposición sin excluir a las partes interesadas en
ella, los profesores, los padres y los alumnos.

Sobre todas las cosas hay que evitar que cada cambio de gobierno suponga
también un cambio en política educativa con su consiguiente alteración de
los planes de estudio.





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